Islandia es un país de poco más de 300.000 habitantes. No
tiene Ejército. Y, sin embargo, derrotó a los centros financieros más
importantes del mundo a base de su firmeza y voluntad popular. En las ligas de
riqueza que periódicamente se publican, Islandia aparecía como uno de los
países más ricos del mundo, ya que su PIB per cápita era de los más elevados. Y
todo ello se atribuía a la enorme desregulación de la banca, permitiéndole a
ésta lo que quisiera, sin ningún tipo de regulaciones, frenos o inhibiciones.
Islandia era el paraíso del neoliberalismo. Las políticas del gobierno islandés
estaban orientadas a facilitar y dar la bienvenida al capital financiero de
otros países, como Gran Bretaña y Holanda. Ello condujo a una situación en que
todo el mundo se endeudó, incluyendo el Estado. La deuda pública pasó de ser
200 veces el PIB del país en 2003 a 900 veces en 2008.
Todo parecía ir sobre ruedas hasta que estalló la crisis financiera
europea. Entonces, la economía islandesa colapsó. Los tres bancos más
importantes de Islandia, Landbanski, Kaupthing y Glitnir fueron nacionalizados.
Y su moneda se desmoronó. Su valor descendió un 85% respecto al euro.
Este desastre financiero fue el origen de una revolución
popular que cambió el rumbo del país, hasta entonces gobernadas por elites
familiares que habían controlado el poder financiero y político del país. Tal
revolución popular recuperó su soberanía perdida. El gobierno, respondiendo al
colapso, había negociado un préstamo de 3.500 millones de euros de varias
fuentes y países. Pero como condición, tanto el FMI como la Unión Europea
quisieron imponer unas condiciones draconianas a la población islandesa, tal
como está ocurriendo en Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia. Entre estas
condiciones estaba una que exigía que cada ciudadano en Islandia pagara el
equivalente a 100 euros al mes durante los próximos quince años a fin de pagar
la deuda debida a tales bancos. Esta demanda fue la que sacó a la población a
la calle, y así se comenzó la revolución islandesa. La idea de que la
ciudadanía tenía que pagar el desastre creado como consecuencia del
comportamiento irresponsable de la banca, que contó con la complicidad del
Estado, fue más de lo que la gente podía tolerar. La presión de la calle
–elemento clave en la revolución popular- hizo que el jefe del Estado, Ólafur
Ragnar Grímsson, rehusara firmar la ley que exigía que la ciudadanía pagara las
deudas privadas y públicas y que aceptara la petición popular de que se
convocara un referéndum en el que la población expresara su opinión sobre la
citada ley.
Los gobiernos británico y holandés, en nombre de sus bancos,
así como el FMI y la Unión Europea, amenazaron por todos los medios con
convertir a Islandia en la Cuba del Norte de Europa, aislándola completamente,
como había ocurrido después de la revolución cubana. Pero la población
respondió que “si aceptaban la ley propuesta por las élites gobernantes,
Islandia se convertiría en el Haití del Norte”. En Marzo de 2010 la población
votó en el referéndum y nada menos que el 93% rechazó aquella ley. El enfado de
la población se tradujo en un movimiento que exigió responsabilidades civiles y
criminales a los responsables de la crisis financiera en Islandia, incluyendo
el que había sido el Primer Ministro de Islandia, así como los presidentes de
los tres bancos que tuvieron que ser nacionalizados. Todos ellos han terminado
en los tribunales, y no se excluye que terminen en la cárcel.
Fruto de la indignación popular, también se exigió que se
hiciera una Nueva Constitución escrita, no por el Parlamento, sino por una
Comisión Popular, formada por 25 ciudadanos sin filiación política entre 522
adultos que habían sido elegidos por la población. Se está elaborando el
borrador, y la comisión está recibiendo comentarios por Internet. Cuando el
proceso termine, será sujeto al Parlamento para su aprobación.
Varias consecuencias pueden deducirse de lo dicho hasta
ahora. Una de ellas es que todas las previsiones de “catástrofe” que ocurriría
si el referéndum fuera rechazado –como lo fue-, provenientes de los
centros financieros, FMI y de los gobiernos de la UE, fueron ignorados, pues
eran motivados para crear una cultura del miedo que servía a sus intereses. La
otra conclusión es que cualquier solución al enorme problema creado por los
bancos extranjeros y nacionales pasa por recuperar la soberanía por parte de la
población. Islandia demuestra la necesidad de no delegar el poder popular a
otras instituciones que claramente han mostrado que no representan los
intereses de la mayoría de la población.
Solo queda esperar como evoluciona un país de 300.000 habitantes sin ningun apoyo internacional, si pierden dinero los ciudadanos, si pueden volver a tener el nivel de bienestar que poseían....etc pero es una buena muestra como devolver el poder completamente al pueblo. Reiniciar el sistema.
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